#OPINIÓN|La pornovenganza en las leyes mexicanas

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Shey Aarvik|La porno venganza es la divulgación de imágenes privadas, contenidos en audio o video con contenido erótico, sexual explícito o sugerido, sin el consentimiento de la persona que en éstas figura. Los contenidos suelen ser distribuidos a través de las plataformas de comunicación digital, incluidos los servicios de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, de tal forma que se viralizan en muy poco tiempo y pueden llegar a tener un impacto inimaginable en la vida de la persona que es víctima de este tipo de acoso sexual.

De acuerdo con la Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación en los Hogares, realizada por el INEGI, en México existen aproximadamente 75 millones de usuarias y usuarios de internet, WeAreSocial nos dice que poco más del 90% tienen una cuenta en una o más plataformas digitales. De este universo de internautas, el 51.5% son mujeres.

Por otro lado, de acuerdo con una encuesta realizada por la asociación civil Alianza por la Seguridad en Internet, en nuestro país existen aproximadamente diez mil estudiantes de entre 12 y 16 años que conocen a una persona que ha enviado o reenviado imágenes personales con contenido sexual.

Las cifras cobran mayor relevancia cuando nos damos cuenta qué la mayoría de las víctimas de pornovenganza son mujeres, principalmente adolescentes y jóvenes; y, consideramos que usualmente quien divulga los contenidos sin consentimiento son exparejas, conocidos e incluso algún familiar.

En varios estados del país, los esfuerzos locales por penalizar esta práctica ya han tenido frutos. Chihuahua, Jalisco, Querétaro, Puebla, Yucatán y el Estado de México, son algunos de los congresos locales que han realizado ya reformas al Código Penal, que tipifica la pornovengaza como delito y cuentan con regulaciones que imponen desde seis meses hasta cuatro años de prisión; en caso de que la víctima sea menor de edad, la pena puede elevarse hasta los 9 años.

Ahora bien, si es un gran paso que esta actividad esté tipificada en un Código Penal, todavía falta mucho para avanzar, principalmente en la sensibilización de las respetivas fiscalías e instancias relacionadas a la lucha contra la violencia de género, en todos los niveles, pues las víctimas constantemente se topan con prejuicios y con la idea casi primitiva de que lo que ocurre en internet o con el uso de la tecnología no tiene alcances reales.

Recordemos a Olimpia Coral, quien en 2013 fue víctima de este delito después de que su pareja filtrara un video grabado en la confianza de la intimidad, llegando primero a WhatsApp, después a Facebook y posteriormente llegó a páginas de pornografía en internet. Esto la marcó y estuvo al borde del suicidio.  

Así como Olimpia, hay muchas personas y organizaciones que están buscando constantemente visibilizar diversas formas de violencia que se perpetran con el uso de la tecnología y al amparo del anonimato.

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