Utilizan fiscalía antisecuestros para investigar a reportero.

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El periodista especializado en el tema judicial, Carlos Quintero Juan, integrante del proyecto colectivo de investigación periodística “El país de las dos mil fosas”, ganador del Premio Nacional de Periodismo Breach-Valdez 2019 y el Premio Gabo 2019 en Iberoamérica, denunció ser víctima de una persecución por parte del gobierno de Morelos, a quien acusó de que intentar interponer una denuncia por el delito de uso indebido de los medios de comunicación.

Al denunciar públicamente, narró que derivado de su actividad periodística, es víctima de una persecución judicial del Gobierno del Estado de Morelos, acción que encabeza Adriana Pineda Fernández, Fiscal Especializada de Combate al Secuestro y la Extorsión, adscrita a la Fiscalía General de Morelos.

Adriana Pineda Fernández, acusó, «promueve una denuncia en mi contra, por el supuesto delito de Uso Indebido de Medios de Comunicación y lo que resulte, misma que no han judicializado».

La denuncia,asegura, pretende ser presentada en los próximos días por la Comisión Estatal de Seguridad Pública ante la Fiscalía General de Justicia de Morelos, y está vincula a la cobertura periodística que dice ha realizado en los últimos meses, sobre el conflicto en las prisiones del estado y los homicidios de 10 personas privadas de su libertad y más de 15 personas heridas.

También asegura que desde el pasado 22 de mayo del presente año, he documentado y seguido el conflicto en las prisiones de Morelos, en donde han ocurrido al menos cuatro motines desde el pasado mes de mayo a la fecha.

«He compartido información proporcionada por familiares de personas privadas de su libertad, agentes custodios, empleados administrativos, servidores públicos (quienes bajo la reserva de su identidad) reportan lo que ocurre en los penales.

«Lo anterior porque las autoridades penitenciarias son omisas, no escuchan ni atienden los conflictos que prevalecen en los centros penitenciarios del estado, incluso, de acuerdo con una investigación periodística, se hallan implicadas en actos de corrupción».

Ahora, dice el periodista, el Gobierno del Estado tergiversa esa información y pretende imputar la comisión de un delito a mi persona, en lugar de investigar a los servidores públicos que tienen una responsabilidad en el conflicto y esclarecer los homicidios de las personas internas.
Señala como responsable directa a Adriana Pineda Fernández, quien, señala, pretende iniciar un proceso penal en su contra para inhibir su derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información.

Carlos Quintero, afirma que la fiscal pretende legitimar una investigación para invadir su esfera íntima y así obtener información personal para manipular y utilizar, en un fututo, para “fabricar” un delito distinto en su contra y continuar así con una campaña de difamación.

Su denuncia publica, la acompaña con la copia de un documento oficial de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), donde recopilan la información que ha difundido para presentar la denuncia en su contra. Por esta razón, demandó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Propuesta Cívica (PC), Reporteros Sin Fronteras (RSF), del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Artículo XIX, la ONU DH, la Universidad Iberoamericana y todas aquellas organizaciones defensoras de periodistas y activistas de Derechos Humanos.

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